La imagen no es menor ni anecdótica. Un presidente del Gobierno reuniéndose y pactando con un dirigente político inhabilitado por la justicia española marca un punto de inflexión institucional que va más allá del debate coyuntural. El acuerdo alcanzado entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras no solo desafía los equilibrios jurídicos y políticos del Estado, sino que introduce un factor de inestabilidad profunda en la cohesión autonómica, con consecuencias que se proyectan ya sobre el calendario electoral.

El contenido económico del pacto —la cesión de privilegios fiscales y financieros a Cataluña— reabre una brecha territorial que parecía, al menos en el discurso, superada. Defender ante el conjunto de las comunidades autónomas que un trato singular, asimétrico y bilateral será "bueno para todos" resulta cada vez más difícil de sostener. Especialmente en territorios que cumplen con las reglas del sistema, aportan de manera solidaria y afrontan limitaciones presupuestarias sin atajos ni excepciones.

Este movimiento del Gobierno tiene, además, una clara lectura electoral. Aragón será la primera prueba de fuego. Allí, como después ocurrirá en Castilla y León y más adelante en Andalucía, el debate sobre la igualdad entre españoles y la justicia en el reparto de recursos públicos volverá al centro de la campaña. No se trata solo de cifras, sino de un principio político esencial: la lealtad entre territorios y la garantía de que ningún ciudadano vale más que otro en función de su Comunidad de residencia.

En Castilla y León, una Comunidad históricamente comprometida con la estabilidad institucional y la solidaridad interterritorial, este tipo de acuerdos generan una lógica inquietud. La percepción de agravio comparativo no es un argumento retórico, sino una realidad política con capacidad de movilización electoral. Y el Gobierno parece subestimar ese impacto en amplias zonas del interior, donde la despoblación, la financiación de los servicios públicos y la igualdad de oportunidades siguen siendo prioridades irrenunciables.

Cabe preguntarse, además, por qué Pedro Sánchez opta por una exposición pública tan evidente de este pacto cuando su viabilidad parlamentaria es, como mínimo, dudosa. Junts, socio imprescindible para cualquier iniciativa de calado, ya ha dejado claro que no comparte los términos del acuerdo y que está dispuesto a bloquearlo. El resultado es una estrategia que combina alto coste político con escasas garantías de éxito legislativo.

La sensación que se traslada es la de un Gobierno que antepone la supervivencia en La Moncloa a la coherencia del modelo autonómico y al respeto institucional. Un Ejecutivo dispuesto a tensionar el sistema territorial sin una mayoría sólida, sin consenso y sin una visión de conjunto que incluya a todas las comunidades.

España necesita acuerdos que refuercen la cohesión, no que la debiliten. Pactos que integren, no que privilegien. Y líderes que entiendan que la estabilidad institucional no puede sostenerse sobre concesiones excepcionales ni sobre la normalización de lo inaudito. Porque cuando la igualdad se resiente, el coste político acaba llegando, tarde o temprano, a las urnas.