La Audiencia Nacional ha archivado la investigación abierta contra Julio Iglesias a raíz de una denuncia presentada en 2021 por dos exempleadas que le acusaban de acoso, agresión sexual y otros delitos laborales en República Dominicana y Bahamas. Según la Fiscalía, los tribunales españoles carecen de jurisdicción para investigar los hechos.

El ministerio público argumenta que la Ley Orgánica del Poder Judicial exige, entre otros requisitos, que exista un vínculo relevante con España, como que las denunciantes sean españolas o residentes en el país, o que los hechos hayan ocurrido en territorio español. En este caso, las víctimas son extranjeras, no residen en España, y los presuntos hechos ocurrieron en países plenamente competentes para investigar.

La Fiscalía subraya que ni Julio Iglesias ni los dos asistentes denunciados residen en España y tienen nacionalidades diferentes (española, colombiana y brasileña). Por ello, considera que España no puede desplazar la jurisdicción de los países donde ocurrieron los hechos, salvo que exista una "imposibilidad real o falta de voluntad de investigar", algo que no se ha acreditado.

La causa se abrió inicialmente el 5 de enero, y el 16 de enero las denunciantes fueron reconocidas como testigos protegidos, representadas por la organización Women’s Link Worldwide. La denuncia había trascendido a los medios el mismo día, cuando eldiario.es y Univisión Noticias publicaron relatos de las presuntas agresiones y vejaciones ocurridas en 2021, cuando Iglesias tenía 77 años.

Según las denuncias, las trabajadoras estaban obligadas a pruebas médicas, incluyendo revisiones ginecológicas, test de embarazo y análisis para detectar enfermedades de transmisión sexual como el VIH.

Desde el inicio, Julio Iglesias negó los hechos en su cuenta de Instagram. Su defensa solicitó el archivo de la causa, invocando la falta de jurisdicción, y pidió personarse en la investigación, algo que la Fiscalía no permitió mientras se analizaba la competencia del caso. El cantante aseguró que la denuncia le causó un grave daño reputacional y llegó a plantearse acudir al Tribunal Constitucional.

Posteriormente, Iglesias publicó en sus redes sociales mensajes que supuestamente le habrían enviado las trabajadoras, aparentemente para demostrar su inocencia. Con este archivo, la justicia española no seguirá adelante con la investigación, aunque la denuncia sigue pudiendo tramitarse en los países donde presuntamente ocurrieron los hechos.