Las Cortes de Castilla y León, a través de su Diputación Permanente, debatirán este miércoles la convalidación del decreto-ley que aprueba la subida salarial de cerca de 90.000 empleados públicos dependientes de la Junta. Todo apunta a que la medida saldrá adelante sin oposición, ya que responde a un acuerdo estatal firmado entre el Gobierno central y los sindicatos.

El decreto fue aprobado por el Ejecutivo autonómico el pasado 18 de diciembre, justo antes del cierre del año, y entró en vigor tras su publicación oficial. No obstante, la normativa obligaba a que el Parlamento regional la ratificara en un plazo máximo de 30 días hábiles, un trámite que finalmente asumirá la Diputación Permanente debido a la disolución de las Cortes por la convocatoria electoral, prevista para el 15 de marzo.

Subidas ya aplicadas en las nóminas

Aunque el debate parlamentario se celebra ahora, los empleados públicos ya han visto reflejado el incremento en sus salarios. En concreto, la norma establece:

• Un aumento del 2,5% correspondiente a 2025
• Un 1,5% adicional aplicado en la primera nómina de 2026
• Un posible incremento extra del 0,5% si la inflación alcanza o supera el 1,5%

Este mecanismo de revisión está ligado a la evolución de los precios, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores del sector público.

Sin sobresaltos en clave preelectoral

Aunque en un primer momento se barajó la posibilidad de que la convalidación se realizara en un pleno ordinario, la disolución del Parlamento ha dejado esta función en manos de la Diputación Permanente. A pesar del contexto preelectoral, no se esperan votos en contra, ya que la subida viene determinada por la normativa estatal y no por una decisión unilateral de la Junta.

El debate servirá, previsiblemente, como escenario para el cruce de argumentos políticos, pero el resultado final parece claro: la ratificación de una mejora salarial que afecta a miles de empleados públicos en la Comunidad.