La atención sanitaria a las personas trans en Castilla y León ha evolucionado en la última década hacia un modelo teóricamente integral dentro del sistema público de salud, pero su aplicación práctica sigue mostrando importantes diferencias según el territorio.

El modelo actual se articula a través del sistema sanitario autonómico (Sacyl), que contempla un abordaje multidisciplinar basado en protocolos específicos y en la coordinación entre Atención Primaria y unidades hospitalarias especializadas. Estas unidades, conocidas como Unidades de Identidad de Género (UIG), funcionan como centros de referencia para el diagnóstico, acompañamiento y tratamiento de las personas trans.

En Castilla y León existen varias de estas unidades en hospitales como Salamanca, Burgos o el Clínico Universitario de Valladolid, que centralizan la atención especializada y coordinan la asistencia con otros niveles del sistema sanitario.

Un proceso sanitario en varias fases

El itinerario habitual comienza en Atención Primaria, donde el paciente puede ser derivado a estas unidades especializadas. A partir de ahí, el proceso incluye evaluación, acompañamiento psicológico -cuando es necesario-, tratamiento hormonal y, en determinados casos, intervenciones quirúrgicas.

El objetivo, según los protocolos existentes, es ofrecer una atención integral que facilite tanto el bienestar físico como la integración social de las personas trans. 

Desde 2021, además, el sistema público de Castilla y León cubre tratamientos hormonales y cirugías de afirmación de género, incluyendo intervenciones como mastectomías, mamoplastias o cirugía genital, así como el material protésico necesario. 

Uno de los cambios relevantes introducidos en los últimos años es la eliminación de requisitos considerados restrictivos, como la obligatoriedad de pasar por evaluaciones psiquiátricas previas o la exigencia de tratamientos hormonales antes de acceder a cirugía, en línea con un enfoque más centrado en los derechos del paciente. 

Un sistema descentralizado... con desigualdades

Pese a este marco, la realidad sobre el terreno dista de ser homogénea. La organización descentralizada del sistema sanitario hace que el acceso efectivo a determinados servicios dependa en gran medida del hospital de referencia.
En Valladolid, por ejemplo, colectivos sociales y sindicales han denunciado situaciones de bloqueo en la atención, especialmente en lo relativo a cirugías de afirmación de género. Según estas denuncias, el Hospital Río Hortega habría rechazado realizar este tipo de intervenciones y tampoco estaría derivando a pacientes a otros centros, lo que deja a algunas personas en un 'limbo' asistencial.

Esta situación contrasta con la de otras provincias de la comunidad donde sí se están prestando estos servicios, lo que evidencia una brecha territorial dentro del propio sistema autonómico.

A diferencia de otras comunidades autónomas, Castilla y León no cuenta todavía con una ley integral LGTBI que garantice de forma explícita derechos sanitarios específicos para las personas trans. Esto implica que gran parte de la atención depende de protocolos sanitarios y de la normativa estatal, como la ley aprobada en 2023 para la igualdad de las personas trans.

Expertos y colectivos, como Fundación Triángulo, coinciden en que esta ausencia normativa "contribuye a la desigualdad en la atención y dificulta la implantación de criterios homogéneos en toda la comunidad".

Hacia un modelo más inclusivo

La tendencia en el conjunto de España apunta hacia modelos sanitarios más inclusivos, centrados en la autodeterminación de género y en una atención no patologizante. En este contexto, Castilla y León ha dado pasos importantes al incorporar tratamientos y estructurar unidades específicas, pero aún enfrenta retos clave.

La mejora de la coordinación entre centros, la reducción de listas de espera y, sobre todo, la garantía de igualdad en el acceso independientemente de la provincia siguen siendo asignaturas pendientes.

En un sistema que aspira a ser universal, la experiencia de las personas trans en Castilla y León demuestra que el acceso a la salud no siempre depende solo del derecho reconocido, sino también del código postal.