La Asociación Nacional de Empresas Forestales se planta y hasta 950 bomberos forestales de Castilla y León no acudirán desde este jueves, día 28, a la extinción de incendios por la "negligencia" que atribuyen a la Junta de Castilla y León y a la Inspección de Trabajo.

"La negligencia de las administraciones públicas pone en peligro vidas humanas y obliga a las empresas a dejar los incendios a su suerte", ha resumido Asemfo en un comunicado recogido por Efe, justo el día en el que la Junta de Castilla y León acaba de declarar el riesgo medio de incendios forestales, que implica una mayor incorporación de medios humanos y materiales para la extinción, ante el empeoramiento de las condiciones.

Esta decisión de no participar en la extinción de incendios fue tomada por unanimidad en la última asamblea de estas empresas, celebrada el pasado 22 de mayo, "tras constatar la absoluta falta de seguridad jurídica, laboral y operativa".

En concreto los empresarios hablan de una situación "límite e insostenible", provocada por "más de un año de requerimientos ignorados por la Administración autonómica y la campaña de acoso y derribo" que atribuyen a la Inspección de Trabajo que provoca que, en la extinción de incendios, la Junta exige unas condiciones operativas propias de una emergencia, que la Inspección de Trabajo sanciona.

Esta "contradicción" ha derivado en una "inseguridad jurídica absoluta", con sanciones por aspectos como jornadas, tiempos de trabajo o exposición a riesgos inherentes a la propia extinción de incendios.

Las empresas se ven así "atrapadas entre dos criterios incompatibles que hacen inviable prestar el servicio con garantías legales".

La patronal, publica Efe, ha recordado que desde marzo del pasado 2025 ha reclamado de forma reiterada el cumplimiento de las condiciones mínimas necesarias para operar con seguridad, pero la respuesta de la Junta ha sido "el silencio y la inacción", lo que ha tildado de "irresponsable, negligente y completamente incompatible con la gestión de un servicio esencial" como el de la extinción de incendios.

Por otra parte, la Inspección considera la actuación de las empresas como un trabajo ordinario, no una emergencia, y por tanto no sujeto a las excepciones previstas en el artículo 35.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Además, los empresarios vuelven a rechazar la decisión de la Junta de ir convirtiendo progresivamente el operativo contra incendios en uno público, a través de la empresa pública Tragsa, a medida que vayan agotándose los contratos actuales con empresas privadas, lo que en su opinión "no mejora el operativo".

"La sustitución por Tragsa está generando graves perjuicios a los trabajadores, al no aplicarse derechos recogidos en la Ley del bombero forestal, como la subrogación, ni el mantenimiento de sus condiciones laborales", ha detallado Asemfo, que reivindica un "servicio de calidad", sea de naturaleza pública o privada.

Asemfo ha desvinculado esta decisión de no acudir a la extinción con una "estrategia de presión", sino que se debe a la "imposibilidad real de trabajar en condiciones de seguridad jurídica".

"Tras más de 35 años de colaboración leal con el operativo de incendios, las empresas forestales consideran que la Administración ha quebrado las bases mínimas de confianza y funcionamiento", han concluido antes de pedir una respuesta "urgente, concreta y verificable".