La inteligencia artificial afronta este verano uno de los cambios regulatorios más importantes desde su expansión. A partir del 2 de agosto, la Unión Europea comenzará a aplicar buena parte de las obligaciones contempladas en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, una normativa pionera que pretende garantizar un uso seguro, transparente y respetuoso con los derechos fundamentales.

La legislación, aprobada en 2024 y con una implantación progresiva hasta 2028, establece un marco común para todos los Estados miembros y obliga tanto a las empresas que desarrollan sistemas de IA como a quienes los utilizan a cumplir nuevas exigencias de transparencia, control y gestión de riesgos.

Uno de los aspectos más relevantes de esta nueva etapa es el régimen sancionador, que contempla multas de hasta 35 millones de euros -o un porcentaje significativo de la facturación global de la empresa, en determinados casos- para quienes utilicen sistemas prohibidos. Las infracciones relacionadas con herramientas consideradas de alto riesgo también podrán acarrear sanciones de hasta 15 millones de euros.

Desde el año pasado ya están vetadas en la Unión Europea determinadas aplicaciones de inteligencia artificial consideradas de riesgo inaceptable. Entre ellas figuran los sistemas que manipulan el comportamiento de las personas mediante técnicas engañosas, los que aprovechan la vulnerabilidad de menores o personas con discapacidad, los que realizan una clasificación biométrica para deducir aspectos como la religión o la orientación sexual, o los modelos basados en sistemas de "puntuación social".

También permanecen prohibidas tecnologías como el reconocimiento biométrico en tiempo real en espacios públicos con fines policiales, la recopilación masiva de imágenes para crear bases de datos faciales o las herramientas capaces de analizar emociones en centros educativos y lugares de trabajo.

La regulación seguirá ampliándose en los próximos meses. Desde diciembre quedarán expresamente prohibidos algunos de los usos más controvertidos de la inteligencia artificial generativa, entre ellos la creación de 'deepfakes' sexuales sin consentimiento y cualquier sistema diseñado para generar material de pornografía infantil.

Aunque el 2 de agosto marca un punto de inflexión, no todas las obligaciones entrarán en vigor al mismo tiempo. La Comisión Europea ha decidido aplazar hasta diciembre de 2027 parte de los requisitos aplicables a los sistemas clasificados como de alto riesgo, como aquellos utilizados para seleccionar candidatos en procesos de empleo, evaluar estudiantes, conceder créditos o calcular primas de seguros.

Sí será obligatorio, en cambio, informar al usuario cuando esté interactuando con una inteligencia artificial. Sin embargo, el etiquetado específico de los contenidos creados mediante IA, como imágenes, vídeos o audios sintéticos, no será exigible hasta finales de este año para determinados sistemas.

La implantación completa del reglamento culminará en agosto de 2028, cuando entren en vigor las obligaciones para los sistemas de inteligencia artificial integrados en productos regulados, como dispositivos médicos, vehículos con asistentes de conducción, juguetes inteligentes o herramientas vinculadas a la navegación aérea.

En paralelo, España avanza en la adaptación de esta normativa europea con un proyecto de ley que definirá cómo se aplicarán estas reglas en el ámbito nacional, qué organismos supervisarán su cumplimiento y cuál será el procedimiento sancionador, sin crear un marco distinto al fijado por Bruselas.

Los expertos coinciden en que el principal reto será encontrar el equilibrio entre la protección de los ciudadanos y el impulso a la innovación. Mientras algunos consideran que unas reglas claras reforzarán la confianza en la inteligencia artificial desarrollada en Europa, otros advierten de que la velocidad con la que evoluciona esta tecnología podría dejar obsoletas algunas de las disposiciones actuales en pocos años.