Zamora Decide ha convocado una concentración para el domingo 8 de noviembre a las 12:00 horas para exigir la remodelación total de la travesía de Tagarabuena. Consideran que la intervención realizada desde la Junta de Castilla y León es una "chapuza histórica" en la que la Administración autonómica "ha enterrado más de 300.000 euros de dinero público que habrá de tirar a la basura".

Desde Zamora Decide se recuerda que lleva denunciando un año los problemas que la obra de la travesía de Tagarabuena ocasiona a los ciudadanos ante la "reducción de presupuesto" con el que la Junta de Castilla y León adjudicó al proyecto, con respecto al presupuesto publicado en el Plan de Carreteras de la Junta 2008-2020, según remarca la misma formación.

Aseguran que en el Plan de Carreteras se adjudicaba a esta obra un presupuesto de 650.000 euros "que supondrían una cantidad de más de 800.000 euros en 2026" y que "se quedaron en 288.105 euros para una travesía que necesitaría el triple".

"Denunciábamos que era un presupuesto raquítico y que generaría problemas, y con las primeras lluvias demostrábamos que habíamos acertado: El agua corría por la carretera y entraba en los bajos de las casas y en las bodegas de edificios que nunca habían tenido humedades".

Recuerdan que "pedíamos que la Junta no diera paso a la obra exigiendo a la empresa corregir las deficiencias".

"En agosto anunciábamos que los problemas no sólo seguían sino que se agrandaban: Carretera sin aceras que los coches pasan por el medio del pueblo a toda velocidad, malos olores que nunca habían existido, dificultades para ir por la orilla de la calle con un andador o coche de bebé". Anunciaron entonces que convocarían una concentración ciudadana, "esperando un tiempo prudencial para ver los resultados de los arreglos que la Junta se había comprometido a realizar para resolver las reclamaciones que muchos vecinos habían presentado".

El pasado martes 27 de octubre, en una reunión de vecinos convocada por Zamora Decide en el centro cívico de Tagarabuena, "comprobamos que el problema está sin resolver y que los vecinos piensan que hay que remodelar completamente toda la obra y volverla a hacer de nuevo porque están peor que antes de comenzar la obra".

Algunos vecinos habían presentado en el Ayuntamiento de Toro, en la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la Junta, y en el Servicio de Movilidad y Transformación Digital de Castilla y León, escritos firmados solicitando la paralización cautelar y la revisión integral, desde el principio de la obra y durante toda la ejecución, "concretando que había incumplimientos del proyecto, incumplimientos del PGOU de Toro y también de la normativa viaria". 

Se refiere Zamora Decide a la ampliación de la calzada de 6 metros a 6,40 o 6,60, al estrechamiento de aceras con anchos de 0,60 metros cuando la normativa exige 1,50 metros, según aseguran, así como a la ausencia de bordillos "porque la acera está a la misma altura que la carretera", falta de canalizaciones de agua y alumbrado, aceras a la misma cota de las entradas a casas y bodegas "que asegura que el agua entre en muchas viviendas y bodegas", ausencia de reductores de velocidad "transformando la travesía en una pista de carreras", o sifones "que no funcionan y que provocan olores fétidos permanentes".

Aseguran que los vecinos han hablado con los responsables de la obra y de la Junta de Castilla y León y con los responsables del Ayuntamiento, que dio el visto bueno del proyecto. "Han asistido a varios plenos denunciando las deficiencias y, a día de hoy, piensan que ambas administraciones son responsables de este desaguisado que les condiciona sus condiciones de vida para el futuro".

Desde Zamora Decide entienden que "el proyecto inicial estaba mal diseñado, contaba con un escaso presupuesto y ha empeorado la infraestructura viaria del pueblo creando problemas muy importantes para el futuro que hay que resolver con urgencia levantando la totalidad de la obra y haciendo un proyecto nuevo adaptado a las necesidades de un pueblo con bodegas, típico del alfoz de Toro".

"Pedimos una respuesta clara de la Junta de Castilla y León, que es la responsable de la obra realizada, y que se asuman responsabilidades por tirar 300.000 mil euros de dinero público para empeorar el servicio a los ciudadanos".