Los socialistas ven "muy razonable" que la medida se aplique en autonomías con dos idiomas y añaden que "veremos" qué sucede con el resto del país
Encuentran precursores de explosivos en la operación contra grupos independentistas violentos
La Guardia Civil practica diez registros en la provincia de Barcelona para incautarse de pruebas contra grupos violentos conocidos como CDR.
La Guardia Civil ha encontrado precursores de explosivos en la operación bajo coordinación de la Audiencia Nacional contra independentistas radicales catalanes que presuntamente planeaban acciones violentas organizadas por miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR).
Según ha confirmado la Guardia Civil, hasta las 9.00 horas se habían efectuado nueve detenciones y se habían realizado diez registros en la provincia de Barcelona, con la finalidad de localizar y, en su caso, incautar pruebas que evidencien el grado de preparación de acciones violentas.
Durante los citados registros, se ha incautado abundante documentación y material informático para su estudio y análisis. Además, se ha localizado abundante material y sustancias, consideradas precursores para la confección de explosivos, "susceptibles de ser empleadas en la fabricación de artefactos a espera de confirmación por los especialistas" .
La investigación se encuentra bajo secreto de sumario y sigue abierta, no descartándose la práctica de nuevas detenciones en una operación coordinada por el Juzgado Central número 6 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Fuentes policiales y jurídicas habían adelantado que la investigación judicial se inició hace más de un año por delito de terrorismo y que las entradas y registros se estaban realizando en varias localidades de Cataluña. Los arrestados declararán en la Audiencia Nacional en los próximos días.
Sánchez ha replicado también que su Gobierno es el tercero más longevo de la Unión Europea y ha hecho hincapié en que la estabilidad no la da una mayoría absoluta
La edad límite para alargar voluntariamente la vida laboral se amplía dos años, como enmienda al proyecto de ley de la función pública
La anulación de los contratos con empresas israelíes y de los dos grandes proyectos suponen cerca de 1.000 millones de euros