El escenario político nacional ha entrado en plena efervescencia tras la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del PSOE en Ferraz. La investigación sobre los correos del ex secretario de Organización Santos Cerdán, en el marco del caso Koldo, ha desencadenado una tormenta política que sacude al Gobierno de Pedro Sánchez desde varios frentes.

Lejos de la imagen de debilidad que dibujan algunos de sus socios y toda la oposición, varios ministros del Ejecutivo han querido transmitir este sábado un mensaje de firmeza. El ministro de Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, ha afirmado con rotundidad que el presidente "está fuerte" y "tiene muy claro lo que tiene que hacer", en referencia a seguir combatiendo la corrupción "venga de donde venga".

López ha defendido que, a diferencia de la derecha, en el PSOE "no se pasa ni una", y se actúa con contundencia ante cualquier sospecha de irregularidad: "Aquí el que la hace la paga", ha sentenciado. Una línea de argumentación que también ha reforzado la ministra de Ciencia, Diana Morant, quien ha afirmado que el partido no teme las consecuencias que puedan derivarse de la investigación sobre "tres sinvergüenzas", cuya actitud calificó de "repugnante".

Los socios marcan distancia

Mientras tanto, desde dentro y fuera del Gobierno, varios socios parlamentarios han optado por distanciarse del PSOE. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha subrayado que su formación, Sumar, gestiona cinco ministerios "limpios" y ha asegurado que "la corrupción cero sí existe", a la vez que ha responsabilizado al bipartidismo de los actuales escándalos.

Más contundente ha sido la líder de Podemos, Ione Belarra, quien ha afirmado que el Gobierno de Sánchez "ya ha muerto", asegurando que el escándalo marca "el fin de un ciclo político". Una posición compartida por otros aliados como el PNV, cuyo portavoz Aitor Esteban ha pedido al PSOE "respuestas claras y sin atajos", recordando que su apoyo no es a gobiernos, sino a la "dignidad democrática".

También la portavoz del BNG, Ana Pontón, ha aprovechado para marcar perfil propio, asegurando que su partido nunca ha estado implicado en "prácticas corruptas características del PP, del PSOE y de la monarquía".

Navarra: epicentro

El foco de la investigación se ha desplazado también a Navarra, donde el caso ya tiene ramificaciones políticas. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se ha desplazado a Pamplona para exigir la dimisión de Pedro Sánchez y de la presidenta foral, María Chivite, así como la convocatoria inmediata de elecciones. Gamarra ha asegurado que "esto acaba de empezar" y que la entrada de la UCO en Ferraz y otras sedes refleja el inicio del "mayor caso de corrupción en la historia de la democracia española".

En la misma línea, la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado que el Gobierno navarro presidido por Chivite "tiene los días contados", sosteniendo que ha perdido sus pilares de apoyo, entre ellos Santos Cerdán, pieza clave de su trayectoria política.

Desde Cataluña, el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha ido más allá al reclamar reformas legislativas y constitucionales para "revertir los desmanes del sanchismo" y blindar la unidad nacional frente al deterioro institucional.

La investigación continúa

Paralelamente, la causa judicial sigue avanzando. El Tribunal Supremo ha puesto el foco en las cuentas bancarias y el correo corporativo de Santos Cerdán, mientras se amplía la implicación de cinco empresarios sospechosos de pagar comisiones a cambio de obra pública. Además, los socios parlamentarios insisten en que no basta con gestos y piden al PSOE que actúe también contra las "empresas corruptoras", no solo contra los cargos públicos implicados.

El clima de crispación ha llegado incluso a la calle. En Alhaurín de la Torre (Málaga), la sede local del PSOE ha amanecido vandalizada con pintadas contra Pedro Sánchez, reflejando el grado de polarización política que acompaña a este escándalo.

El Gobierno mantiene su mensaje de firmeza y de seguir en el baiel, pero el cerco político y judicial continúa estrechándose. En un país ya acostumbrado a los sobresaltos, el caso Koldo marca un nuevo punto de inflexión que, para algunos, abre el fin de un ciclo. Para otros, solo es otra batalla más.