Más de 30 leyes deberá tramitar el Congreso cuando se retome el curso político en septiembre tras las vacaciones de verano, con la incógnita de lo que sucederá con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026 comprometidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En su comparecencia ante los medios el pasado 28 de julio, en el marco del balance del actual curso político, Sánchez anunció que pretende aprobar unas nuevas cuentas que sustituirían a las de 2023, que son las que actualmente están vigentes tras dos prórrogas, recoge EFE. 

Respecto a los 33 proyectos de ley que el Congreso debatirá a partir del próximo mes se encuentran algunos ligados a temas de vivienda, sanidad, cultura, regulación de grupos de interés y reducción de la jornada laboral, que cuentan con plazos de enmiendas que se extienden hasta el 3 de septiembre.

En sanidad, está a la espera de ser aprobado el proyecto de ley cuyo objetivo es establecer medidas que blinden la universalidad del Sistema Nacional de Salud y ampliar los derechos a la asistencia sanitaria; en materia de vivienda se verá un proyecto con el que se pretende "reforzar la protección" a los deudores hipotecarios, evitando así un posible desalojo.

La Cámara baja tiene pendiente abordar también la Ley de Familia, así como la reducción de la jornada laboral, una de las propuestas estrellas de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

El proyecto de ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, por su parte, ha vuelto a adquirir relevancia a raíz del caso que involucra al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

En cultura, está a la espera de aprobación el proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual que busca "fortalecer" las industrias audiovisuales españolas internacionalmente.

En el listado de proyectos figuran ya otras iniciativas que fueron aprobadas por el Consejo de Ministros en julio, como el que persigue una mayor inclusión social de las personas con discapacidad y un proyecto de ley orgánica que aplicaría modificaciones al Régimen Electoral General.

El desafío de los Presupuestos

Pero el principal desafío que enfrentará el Ejecutivo en el nuevo curso político será reunir el apoyo de los grupos parlamentarios para dejar atrás los Presupuestos Generales del Estado de 2023, tras la imposibilidad de hacerlo en 2024 y 2025.

Un objetivo que no se visualiza fácil. El PP desconfía del anuncio de Sánchez, dado que, según argumenta, todavía no ha iniciado los trámites necesarios para elaborar las nuevas cuentas, como convocar la Comisión de Política Fiscal y Financiera, publica EFE. 

Por eso, la pasada semana ha presentado una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a iniciar a la mayor brevedad posible los procedimientos presupuestarios que deben culminar con la presentación de los presupuestos del próximo año, empezando por aprobar los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública.

Podemos, por su parte, ya ha dictaminado que la legislatura está "muerta" y que la intención de enviar a trámite los presupuestos son una "excusa" para convocar elecciones en caso de que estos sean rechazados, en opinión de su portavoz, Pablo Fernández.

Otros socios de investidura también han levantado alertas respecto a los PGE, especialmente Junts, cuyo presidente Carles Puigdemont ha advertido de que en otoño ocurrirán cosas "nunca vistas hasta ahora" en relación a su apoyo a Sánchez.

Mientras, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha condicionado en parte su respaldo a la financiación autonómica de Cataluña.

De momento, los republicanos ya cuentan con el compromiso del Gobierno de aprobar a principios de septiembre en el Consejo de Ministros la condonación de parte de la deuda de las autonomías con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que pactó con ellos.