El Tribunal Supremo ha confirmado de manera definitiva que los monasterios de Santa Clara de Belorado y Santa Clara de Derio no pueden transformarse en asociaciones civiles. La Sala de lo Contencioso-Administrativo inadmitió el recurso de casación presentado por la exabadesa de Belorado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ya había desestimado sus pretensiones.
El conflicto se remonta a agosto de 2024, cuando el Registro Nacional de Asociaciones denegó a las exmonjas la inscripción de las entidades denominadas Monasterio de Santa Clara de Belorado y Monasterio de Santa Clara de Derio. Con ello, pretendían desvincular las comunidades de la Iglesia y convertirlas en asociaciones civiles de carácter cultural, además de impugnar la inscripción del nombramiento del Comisario Pontificio, Mons. Mario Iceta, como representante legal y administrador de los monasterios.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya había declarado en junio de 2025 que las resoluciones ministeriales respetaban los derechos fundamentales invocados —libertad religiosa, de asociación, intimidad e igualdad— y actuaban conforme a la ley. La decisión del Supremo pone fin a la vía judicial y confirma que la transformación de las entidades canónicas en asociaciones civiles es imposible.
Asimismo, la resolución ratifica la plena validez legal del nombramiento del Comisario Pontificio, Mons. Mario Iceta Gavicagogeascoa, como superior mayor y administrador de los monasterios. El Tribunal concluye que no se han vulnerado derechos fundamentales y que la sujeción de estas entidades al Derecho Canónico no infringe principios de libertad, igualdad o asociación.
El Supremo también determinó que el recurso carece de interés casacional, cerrando la posibilidad de nuevos recursos y imponiendo las costas del proceso a las recurrentes, a favor de las entidades canónicas y de la Abogacía del Estado.
Por su parte, la Oficina del Comisario Pontificio y la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu expresaron su confianza en que la resolución ponga fin a un proceso doloroso, mostrando especial preocupación por las monjas mayores que no incurrieron en cisma y reiterando su deseo de que la Administración de Justicia continúe actuando conforme a Derecho.
