En un momento en el que el campo encara el envejecimiento de su población activa y la despoblación amenaza la continuidad de muchas explotaciones familiares, encontrar relevo es algo más que una urgencia económica: es la clave para preservar el tejido productivo, cultural y social de los pueblos. De ello depende que la actividad agraria siga generando riqueza, fijando población y manteniendo viva la identidad rural de Castilla y León. En este contexto, las políticas de incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos se han convertido en una de las herramientas más determinantes del Gobierno autonómico.

La última convocatoria de ayudas -cerrada el 31 de octubre- así lo demuestra: 958 jóvenes han solicitado incorporarse al sector, un incremento del 33% respecto a la media de los últimos cinco años. Se trata de una cifra récord que la consejería interpreta como un síntoma de confianza en la agricultura y la ganadería profesional, y que viene acompañada de otro dato revelador: la matrícula en los centros de Formación Profesional agraria de la Junta ha aumentado un 28%, alcanzando las 761 inscripciones. La formación, pues, parece estar alineándose con las oportunidades del sector.

AYUDAS A LA INCORPORACIÓN

La ayuda de incorporación es el pilar central del paquete de incentivos. Parte de una dotación base de 30.000 euros, pero su diseño permite que el importe final alcance los 100.000 euros en función de la orientación de la explotación, la figura jurídica elegida y las características del proyecto. 

Entre los complementos posibles destacan:

• Hasta 15.000 euros adicionales en casos de titularidad compartida, cuando el solicitante se incorpora como agricultor profesional o cuando se genera una Unidad de Trabajo Agrario adicional.
• Incrementos específicos para quienes se integran en la explotación a través de sistemas de sucesión dentro de programas de cooperación.
• Hasta 10.000 euros extra cuando la actividad se desarrolla en zonas con limitaciones naturales u otras restricciones.

La Junta valora especialmente la titularidad compartida, la profesionalización del solicitante o la generación de empleo estable -medido en Unidades de Trabajo Agrario-; del mismo modo, se contemplan incentivos adicionales cuando la actividad se desarrolla en zonas con limitaciones naturales. A cambio, la Junta exige un plan empresarial sólido que justifique la rentabilidad, sostenibilidad y viabilidad del proyecto, así como la acreditación de la formación necesaria para el ejercicio profesional. Se trata de garantizar que cada incorporación no solo sustituya a un titular saliente, sino que consolide una explotación estable y orientada al futuro.

En la última resolución, las 958 solicitudes de incorporación dibujan un retrato diverso del campo castellano y leonés. Entre los proyectos presentados destacan:

• 401 expedientes vinculados a cultivos herbáceos, motor tradicional de la economía agrícola regional.
• 232 proyectos orientados al bovino de carne, con un peso especial en provincias del noroeste y suroeste.
• 71 iniciativas mixtas que combinan agricultura y ganadería, muchas de ellas ligadas a explotaciones familiares.
• 62 solicitudes del sector ovino, clave en áreas cerealistas y ganaderas.

Un indicador especialmente relevante es la incorporación femenina, que sigue creciendo: el 27% de las solicitudes está encabezado por mujeres, un avance significativo en un sector históricamente masculinizado y fundamental para consolidar la igualdad en el medio rural.

MODERNIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD: 1.422 SOLICITUDES 

El interés de los jóvenes no se limita a comenzar en el sector, sino también a modernizar y hacer más competitivas sus explotaciones. En la misma convocatoria, la Junta registró 1.422 solicitudes de ayuda para modernización, enfocadas tanto a inversiones productivas -maquinaria, mejora de instalaciones, sistemas de riego eficientes-, como a actuaciones no productivas relacionadas con la bioseguridad, la gestión de residuos o la adaptación medioambiental.

En el ámbito ganadero, estas líneas se complementan con programas específicos centrados en:

• Inversiones en superficies pastables.
• Compra de ganado bovino, ovino y caprino para reposición.
• Fomento de razas autóctonas y animales de razas puras.
• Apoyo a sectores especializados, como la Intervención Sectorial Apícola.

Se trata de una estrategia integral que persigue no solo incorporar jóvenes, sino garantizar que lo hagan con herramientas tecnológicas y productivas que permitan consolidar explotaciones competitivas en el mercado actual.

TENDENCIA NO COYUNTURAL

Los resultados de convocatorias anteriores muestran que la tendencia no es coyuntural. En 2022 se incorporaron 609 jóvenes con 33,4 millones de euros en ayudas públicas, y en 2024 lo hicieron 673 con una dotación de 42,8 millones. La administración autonómica ha asegurado que aquellos solicitantes que cumplan los requisitos accederán al apoyo económico, con un anticipo del 60% para facilitar la puesta en marcha. Además, los jóvenes mantienen prioridad en la tramitación.

En paralelo a estas líneas autonómicas, la Política Agraria Común continúa siendo un respaldo estructural para el sector. A través de la Solicitud Única -entre el 1 de febrero y el 15 de mayo-, los profesionales acceden a pagos directos que estabilizan las rentas agrarias e incentivan prácticas sostenibles mediante ecoesquemas, ayudas asociadas o el pago redistributivo destinado a explotaciones pequeñas y medianas.

Las cifras demuestran que la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos en Castilla y León no es solo un programa económico, sino una estrategia territorial a largo plazo. Más formación, más inversión y más herramientas de apoyo público están configurando un paisaje rural renovado, donde las nuevas generaciones no solo aseguran el relevo, sino que impulsan un modelo de explotación más tecnificado, sostenible y orientado al mercado.

Cada explotación que inicia su actividad, cada joven que decide quedarse o regresar al territorio, contribuye a fijar población, generar empleo y mantener vivo el corazón productivo de la comunidad. Castilla y León parece haber entendido el mensaje: el relevo generacional no es una opción, sino la condición imprescindible para que el campo siga siendo motor económico, social y cultural del medio rural.