La exmilitante socialista Leire Díez quedará previsiblemente en libertad este sábado después de acogerse a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga un presunto caso de irregularidades en contratos públicos. En la misma situación se encuentran el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, detenidos el pasado miércoles en el marco de esta causa.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al magistrado Antonio Piña que los tres investigados queden en libertad con medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salir de España, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada quince días en sede judicial, según han confirmado fuentes jurídicas.

Al tratarse de la Fiscalía como única parte personada en el procedimiento, todo apunta a que el juez atenderá su petición. Hasta que se conozca el auto, los tres permanecen en dependencias de la Audiencia Nacional.

De los tres investigados, solo Vicente Fernández ha prestado declaración ante el magistrado. Tanto Leire Díez como Antxon Alonso han optado por no declarar, una decisión motivada por el hecho de que la causa se encuentra bajo secreto de sumario.

La investigación se centra en presuntos amaños en la adjudicación de contratos públicos que podrían remontarse a los años 2021 y 2022. En el marco de estas pesquisas, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a cabo esta semana una veintena de registros y requerimientos de información en organismos públicos, empresas y domicilios particulares.

Según las fuentes consultadas, Vicente Fernández ha negado cualquier participación en irregularidades y se ha desvinculado de posibles amaños. No obstante, ha reconocido que trabajó en Servinabar, una empresa administrada por Antxon Alonso y que figura en el centro de la investigación.

Los investigadores sostienen que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán habría adquirido cerca de la mitad de las participaciones de esa sociedad mediante un contrato cuya validez jurídica Fernández cuestiona.

La causa abierta en la Audiencia Nacional analiza la posible comisión de delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, en una investigación que sigue avanzando mientras se mantienen las diligencias bajo secreto.