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Trabajadores del transporte sanitario denuncian sueldos por debajo del SMI y alertan del deterioro del servicio
Profesionales del 061, 112 y ambulancias programadas advierten de averías, material obsoleto y fuga de personal mientras reclaman una revisión del modelo de gestión
Los profesionales del transporte sanitario en Castilla y León han alzado la voz ante lo que consideran una situación insostenible. Según han denunciado en un comunicado recogido por la agencia Ical, están percibiendo salarios por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una circunstancia que califican de "riesgo para un servicio esencial".
La advertencia parte de trabajadores vinculados al 061, al 112 y al transporte sanitario programado, quienes sostienen que la precariedad laboral y la falta de supervisión sobre las empresas concesionarias están provocando un deterioro progresivo del sistema. A su juicio, esta situación no solo afecta a las condiciones laborales, sino que puede repercutir directamente en la atención a los pacientes.
Los profesionales alertan de que el problema podría comprometer la calidad y continuidad del servicio, especialmente en ámbitos sensibles como los traslados de urgencias, tratamientos oncológicos y sesiones de diálisis, donde la puntualidad y la fiabilidad resultan fundamentales.
Entre las principales quejas figuran averías frecuentes en ambulancias, material sanitario obsoleto, deficiencias en instalaciones e impagos de horas extraordinarias. A ello se suma, según explican, una creciente fuga de trabajadores hacia otras comunidades autónomas con modelos de gestión pública y mejores condiciones salariales.
El malestar se ha intensificado ante la posibilidad de que se prorrogue el actual contrato de gestión sin que se introduzcan mejoras salariales ni cambios en el servicio. Los trabajadores consideran que esta medida perpetuaría una situación que, insisten, ya está afectando al funcionamiento del sistema.
Por todo ello, han reclamado a la Junta de Castilla y León una "revisión urgente" del modelo de gestión, con el objetivo de garantizar condiciones laborales dignas y asegurar una prestación sanitaria acorde a las necesidades de la población. El conflicto abre así un nuevo frente en el ámbito sanitario de la Comunidad, donde los profesionales advierten de que la estabilidad del servicio depende, en buena medida, de que se adopten soluciones estructurales a corto plazo.
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