Superado el 15 de marzo, fecha de las elecciones autonómicas, el calendario político en Castilla y León entra en una nueva fase marcada por trámites institucionales y negociaciones políticas que determinarán la formación del próximo gobierno. Tras los primeros pasos administrativos posteriores a la jornada electoral, las próximas semanas estarán centradas en la constitución de las Cortes y en el proceso de investidura del presidente de la Junta.

La primera fecha clave será el 14 de abril, cuando se constituirán oficialmente las Cortes de Castilla y León. Ese día tomarán posesión de su acta los 82 procuradores elegidos en las urnas y se elegirá a la Mesa de la Cámara, incluido el presidente del Parlamento autonómico. Este reparto de puestos suele ser el primer indicio de los acuerdos políticos que pueden fraguarse para la legislatura.

En ese momento, el PP y Vox deberán llegar al menos con una base de negociación para decidir cómo se organizará la Cámara y si ese entendimiento se extiende también a la formación del futuro gobierno autonómico. En 2022 ambos partidos sellaron un acuerdo que incluyó la entrada de Vox en el Ejecutivo, un escenario que podría repetirse o modificarse en esta ocasión.

Sin embargo, las conversaciones no se producen en un vacío político. Las negociaciones abiertas entre ambos partidos en otras comunidades como Extremadura o Aragón, junto con las elecciones previstas en Andalucía para junio, pueden influir en los tiempos y en el alcance de los posibles acuerdos en Castilla y León.

Tras la constitución de las Cortes se abrirá la siguiente fase institucional. El presidente del Parlamento iniciará la tradicional ronda de consultas con los distintos grupos parlamentarios para proponer un candidato a la Presidencia de la Junta. Este proceso tiene un plazo máximo de 15 días hábiles, lo que sitúa el calendario en torno al 7 de mayo como fecha límite para presentar un candidato a la investidura.

El primer debate de investidura podría celebrarse entre finales de abril y principios de mayo. En esa primera votación el candidato necesita mayoría absoluta para ser elegido presidente, lo que obligaría al PP a contar con el apoyo explícito de Vox si pretende sacar adelante la investidura de Alfonso Fernández Mañueco.

Si esa primera votación no prospera, se abriría un nuevo escenario. En los intentos posteriores ya no sería necesaria la mayoría absoluta, sino una mayoría simple, es decir, obtener más votos a favor que en contra.

El calendario tiene, además, un límite claro. Desde el momento en que se celebre el primer debate de investidura se abre un plazo máximo de dos meses para lograr la elección de un presidente. Si en ese tiempo ningún candidato consigue el respaldo suficiente de las Cortes, la comunidad se vería abocada automáticamente a una repetición electoral.

Si el primer intento se produjera a finales de abril o principios de mayo, ese plazo podría extenderse hasta finales de junio, lo que mantendría abierta la incertidumbre política durante buena parte de la primavera.