El Gobierno de Castilla y León recurrirá "en los próximos días" el real decreto de regularización de inmigrantes aprobado por el Gobierno de España por entender que este supone un "impacto grave para los intereses de la Comunidad y del conjunto de los ciudadanos".

Así lo ha avanzado el portavoz en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno autonómico, y recoge Efe, en la que ha indicado que los servicios jurídicos de la Junta están trabajando en este recurso y en el cauce más adecuado para su presentación.

Entre los motivos del recurso, el portavoz ha argumentado que el decreto puede ser "contrario a la normativa europea" y que los mecanismos previstos para acreditar los requisitos "no garantizan para nada" que estos se cumplan por parte de las personas solicitantes.

Asimismo, prosigue Efe, ha criticado que no se haya informado ni consultado a las comunidades autónomas, lo que, a su juicio, evidencia una "falta de diálogo, participación e información" en una medida que afecta directamente a sus competencias.

El Ejecutivo autonómico ha defendido el modelo de integración basado en el empleo y ha subrayado que Castilla y León cuenta actualmente con más de 101.000 personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social, una "cifra récord" para un mes de marzo y con un crecimiento superior al de la media nacional.

En este sentido, Carriedo ha insistido en que la integración debe producirse a través de "un contrato de trabajo, el alta en la Seguridad Social y el acceso a derechos", frente a lo que considera un procedimiento de regularización "no ordenado" que puede generar problemas en el conjunto del sistema.

La Junta también ha cuestionado la falta de datos fiables sobre el número de personas que podrían beneficiarse de la medida, al asegurar que "ni el propio Gobierno" ha concretado esta cifra ni ha trasladado información a las administraciones territoriales.

Además, ha advertido de que algunos de los documentos que se están utilizando para acreditar la residencia, como los bonos de metro, ha ejemplificado, no permiten verificar de forma fehaciente el cumplimiento de los requisitos exigidos, lo que genera "inseguridad en el procedimiento", ha indicado.

Finalmente, el Gobierno autonómico ha defendido que la comunidad ha logrado en los últimos años una "integración ordenada" de la población inmigrante, con acceso al empleo, cotización y servicios públicos, y ha reiterado que ese debe ser el modelo a seguir.