La sentencia destaca que el Barcelona había alcanzado previamente un acuerdo con el entorno del futbolista para incorporarlo en el futuro como agente libre. No obstante, el club decidió adelantar su llegada y abonar un traspaso al Santos, una maniobra que, según los magistrados, responde exclusivamente a criterios deportivos y no a una simulación contractual.

Durante el juicio, la acusación solicitó penas de prisión tanto para Neymar como para los directivos implicados, así como para el padre del jugador, vinculado a la empresa que gestionaba sus derechos de imagen. A pesar de ello, los tribunales han descartado cualquier conducta delictiva, señalando que los contratos eran reales y reflejaban acuerdos legítimos dentro del ámbito del derecho deportivo.

El Supremo incide en que adelantar el fichaje, pese a poder incorporarlo sin coste un año después, refuerza la tesis de que el club actuó por interés competitivo. Asimismo, recalca que las discrepancias sobre el reparto económico deben resolverse en el ámbito civil o deportivo, pero no en la jurisdicción penal.

Con esta decisión, la justicia española cierra definitivamente uno de los casos más mediáticos en torno a transferencias en el fútbol internacional, validando la legalidad de una operación que marcó una época en el mercado de fichajes.