La política española atraviesa uno de esos momentos en los que la ciudadanía empieza a mirar con desafección, cansancio y hastío a quienes tienen la responsabilidad de sostener las instituciones. No se trata ya únicamente de la lógica confrontación partidista ni del desgaste natural de cualquier gobierno. Lo que se respira hoy en España es un ambiente irrespirable, marcado por la sospecha permanente, la degradación del debate público y la sensación de que el interés general ha quedado relegado frente a la supervivencia política.

Los últimos acontecimientos no hacen sino agravar esa percepción. El denominado caso que salpica al entorno de José Luis Rodríguez Zapatero ha vuelto a colocar sobre la mesa interrogantes incómodos sobre las relaciones de poder, las influencias y los vínculos que desde hace años sobrevuelan determinados espacios políticos y empresariales. A ello se suma la imagen demoledora que proyectan los registros practicados en la sede federal del PSOE y en los domicilios de dirigentes históricos y figuras de peso orgánico como Santos Cerdán o Gaspar Zarrías. Más allá de cuál sea el recorrido judicial de estas actuaciones, el daño político ya está hecho.

En democracia no basta con defenderse en los tribunales. También es imprescindible preservar la confianza pública. Y esa confianza se erosiona cuando las noticias sobre investigaciones, registros, intermediaciones o supuestas redes de influencia se convierten en parte cotidiana de la conversación nacional. España lleva demasiado tiempo instalada en una dinámica donde los escándalos se suceden con tal velocidad que apenas dejan espacio para la rendición de cuentas o la reflexión colectiva.

Especialmente preocupante resulta el papel de quienes sostienen parlamentariamente al Gobierno. Los socios de investidura han optado, en su mayoría, por minimizar los acontecimientos o directamente mirar hacia otro lado mientras la legislatura se desliza entre explicaciones insuficientes y silencios calculados. La estabilidad institucional no puede convertirse en una coartada para aceptar cualquier deterioro ético o político. Gobernar exige mayorías, sí, pero también exige ejemplaridad.

En ese contexto adquiere una relevancia singular la posición del PNV. Hace ahora ocho años, los nacionalistas vascos justificaron su apoyo a la moción de censura contra Mariano Rajoy apelando precisamente a la necesidad de regeneración democrática y dignidad institucional tras los casos de corrupción que afectaban al Partido Popular. Aquella decisión fue presentada como un ejercicio de responsabilidad política ante una situación insostenible.

Hoy, sin embargo, el discurso parece muy distinto. El mismo partido que entonces sostuvo que la corrupción debilitaba la legitimidad moral de un Gobierno guarda ahora una prudente distancia ante episodios que afectan al Ejecutivo de Pedro Sánchez y al partido que lo sustenta. La coherencia política no puede depender de la aritmética parlamentaria ni de los intereses coyunturales. Lo que ayer era intolerable no puede convertirse hoy en un asunto secundario.

España necesita recuperar una mínima atmósfera de confianza institucional. Y eso solo será posible cuando la política vuelva a entender que la ejemplaridad no es una exigencia estética, sino democrática. Las instituciones no pueden acostumbrarse a vivir rodeadas de sospecha permanente, ni la sociedad resignarse a que cada nueva revelación sea recibida con indiferencia.

La democracia se debilita cuando la ciudadanía concluye que todos actúan igual y que nadie asume responsabilidades. Ese es el verdadero riesgo del clima político actual; no solo el desgaste de un Gobierno o de una oposición, sino el deterioro profundo de la credibilidad del sistema. Cuando el aire se vuelve irrespirable, la obligación de quienes dirigen el país debería ser limpiarlo, no acostumbrarse a convivir con él.