La delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Leticia García, ha presidido este miércoles la firma de los protocolos para ejecutar el programa 'Rehabitare 2022' de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio con los alcaldes de las localidades de Venialbo, Faramontanos de Tábara y Manzanal de los Infantes. Un programa cuyo objetivo es intervenir en la recuperación de viviendas de titularidad municipal para destinarlas a alquiler social.

Además, de estos tres municipios se beneficiarán también los pueblos de Asturianos, Benegiles y Fresno de la Ribera a través del protocolo de la Junta de Castilla y León con la Diputación Provincial de Zamora.

Tal y como ha manifestado la delegada territoria, "el programa tiene el objetivo de recuperar aquellas viviendas de titularidad municipal que se encontraban abandonadas y cuya rehabilitación y recuperación sería interesante". Así, ha añadido, "Venialbo, Faramontanos de Tábara y Manzanal de los Infantes se beneficiarán este año para ofrecer a alguno de sus vecinos una vivienda en buenas condiciones y fomentar la fijación de población y actividad en el medio rural". 

Leticia García ha destacado que "por un lado, se ha consolidado como un programa que pretende solucionar el acceso a la vivienda a personas con necesidades urgentes y fomentar la fijación de población y actividad en el medio rural; y por otro, se configura como un instrumento de reactivación económica y de creación de empleo en medio rural, gracias a la implicación de las empresas locales en las obras de rehabilitación".

Desde 2016, a través del programa Rehabitare se han recuperado en la provincia de Zamora 44 viviendas en 40 localidades, con una inversión de más de 2 millones de euros.

Las viviendas se ubican por lo general en los cascos urbanos, lo que permite contar con todo tipo de servicios, optimizando así las infraestructuras existentes y evitando el deterioro de un patrimonio municipal. Posteriormente son los ayuntamientos quienes determinan el precio del alquiler, que no podrá exceder la tercera parte de los ingresos de la unidad arrendataria, así como las personas que ocuparán las viviendas en función de las necesidades de cada municipio, teniendo preferencia los colectivos de especial protección que figuran en la Ley del derecho a la vivienda de Castilla y León.