Una decena de expedientes, tanto de planeamiento urbanístico como relativos a medio ambiente, han pasado hoy por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo en Zamora, reunido bajo la presidencia de la delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Leticia García.

En relación con Urbanismo se han autorizado cinco expedientes de uso excepcional en suelo rústico en la provincia de Zamora, en los que destaca la instalación de dos plantas fotovoltaicas, con sus respectivas infraestructuras de evacuación; la ejecución de una línea subterránea de alta tensión de evacuación, y el montaje de la infraestructura de evacuación perteneciente a la Planta Fotovoltaica 'Santico II' en el término municipal de Cabañas de Sayago.

Igualmente, se ha otorgado la autorización de la instalación de una planta fotovoltaica y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valcabado y Zamora, así como se ha autorizado la instalación de una planta fotovoltaica en Pereruela, según se informa desde la Delegación Territorial.

En materia de Planeamiento Urbanístico se ha informado de la aprobación definitiva de la modificación de las Normas Urbanísticas Municipales de Galende, que supone cambiar la Ordenanza de Aplicaciones a las Edificaciones en el poblado de Moncabril, y la aprobación definitiva de la Modificación del Plan Parcial de un sector de Santa Cristina de la Polvorosa para cambiar la zona de actuación y las redes de infraestructuras.

En cuanto a los expedientes de uso provisional en suelo urbano no consolidado, se ha otorgado la autorización de la construcción de dos viviendas unifamiliares aisladas, una ubicada en Molacillos y otra en Puebla de Sanabria.

En el apartado de Medio Ambiente, se han informado favorablemente dos evaluaciones de impacto ambiental simplificadas.

En concreto, se ha dictaminado favorablemente la explotación de vacuno de carne en el término municipal de Monfarracinos, así como la elaboración y el almacenaje de productos de higiene industrial alimentaria en Toro. 

Ambos expedientes no tienen efectos significativos sobre el medio ambiente, según se pone de manifiesto desde la Junta, por lo que no deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinario.