La nueva tarjeta BUSCyL, para disfrutar de transporte gratuito en todas las líneas de autobús gestionadas por la Junta de Castilla y León, ha recibido 4.200 peticiones en los primeros tres días de plazo, con los solicitantes que son menores de 15 años, según la primera fase del programa de la tarjeta.

El consejero de Movilidad, José Luis Sanz Merino, ha afeado que el secretario general del PSOE en Segovia, José Luis Aceves, haya acusado de "propaganda" el anuncio de la tarjeta BUSCyL.

"Es un juicio de valor que intenta minusvalorar la iniciativa, que está siendo bien recibida por todo el mundo. La Junta de Castilla y León es titular y gestiona 2629 rutas de transporte en toda la Comunidad de Castilla y León. Y movemos unos 2000 autobuses. No parece una cantidad menor", ha respondido el consejero.

"Con las magnitudes que he citado y con 14 millones y medio de desplazamientos al año, hay que poner la afirmación del señor Aceves, como mínimo, en cuarentena: debería revisar los datos y a lo mejor puede tener la escala con más precisión de la magnitud y la importancia del transporte público de viajeros", ha continuado José Luis Sanz Merino.

"Lo que puedo hacer es poner sobre la mesa estos datos, que son contundentes y queremos que se acentúen para dar mejor servicio a los ciudadanos. No, los datos no acompañan esa valoración, que se hace porque a veces hay que hablar por no callar".

El consejero de Movilidad también se ha extrañado también del voto en contra del grupo socialista regional a una Proposición No de Ley en la que se insta al Ministerio de Transportes y Renfe a que renuncie a la supresión de los servicios de tren anunciados.

"Hubo un grupo político, el grupo parlamentario socialista, que votó en contra. Tendrá sus razones, pero a nivel local se ha visto a responsables de los partidos en concentraciones contra la supresión de paradas", ha recordado Sanz Merino.

"Este desdoblamiento de personalidad política no transmite coherencia: puesto que están cerca del gobierno de la nación debieran de contribuir, precisamente, con un grado de compromiso público que, en la provincia de Segovia, al menos, no se ha evidenciado, ni tampoco en otros ámbitos privados", ha descrito Sanz Merino.

"Sí conocemos qué gestiones se han hecho en Zamora, en la misma escala, donde responsables políticos de ese partido han hecho gestiones ante el presidente de Renfe, ante el ministerio, pero en Segovia desconocemos cuál ha sido su actitud, más allá de aparecer en manifestaciones y redes sociales, pero no parece que estén acompañando los hechos", ha lamentado José Luis Sanz Merino.

El consejero ha finalizado aplaudiendo, no obstante, la postura social general.

"Lo importante es que la ciudadanía en su conjunto y las instituciones estamos de acuerdo, y ese es el empeño para trasladar el malestar y al protesta ciudadana sobre una decisión que es errónea por la actitud que pueda ser una premonición de más decisiones de este tipo en el futuro".

Para Sanz Merino, no se puede razonar tomar una decisión de supresión de servicios y paradas de trenes por criterios de rentabilidad económica.

"La variable social debe ser atendida. Si la rentabilidad económica fuera el criterio para dar servicios, en Castilla y León tenemos muy mal futuro: deberíamos suprimir servicios públicos porque los números no dan desde el punto de vista demográfico. El ejemplo es el de Educación: si hay 3 niños en un aula, se mantiene la escuela. Ésa es la intención de la Junta de Castilla y León, y si hay un déficit de viajeros en transporte público, se está sufragando con el dinero de todos los contribuyentes, y que el año pasado ha supuesto 40 millones de euros para mantener los autobuses aunque haya uno, dos o pocos usuarios", ha finalizado Sanz Merino.