El pleno de las Cortes de Castilla y Léon aprobó este miércoles por unanimidad una proposición no de ley del Grupo Popular para reforzar y ampliar la atención a la salud mental en la Comunidad, si bien el debate estuvo plagado de críticas cruzadas, tanto a la Junta como al Gobierno de España, por la falta de recursos económicos, medidas y profesionales sanitarios. 

En concreto, recoge Ical, la iniciativa insta a la Junta a promover campañas de concienciación, sensibilización y lucha contra el estigma, especialmente en entornos educativos, laborales y sanitarios, así como reforzar los programas de prevención del suicidio. También pide acercar la atención al medio rural, proporcionando consultas de salud mental presenciales en los centros de salud, e impulsar la digitalización de los servicios, para mejorar la coordinación intersectorial y el acceso remoto a atención psicológica.

Igualmente, demanda consultas de psicogeriatría en todas las áreas de salud, con el objetivo de proporcionar una atención especializada y multidisciplinar a las personas mayores con trastornos mentales. Además, reclama al Gobierno que garantice la dotación de profesionales especializados (psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermeras de salud mental), así como la financiación suficiente para llevar a cabo el Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027 y la Estrategia de Asistencia en Salud Mental de Castilla y León 2024-2030.

El 'popular' José María Sánchez defendió la iniciativa que aseguró busca visibilizar el problema de la salud mental, combatir la estigmatización y promover políticas "eficaces y sostenibles". Por ello, apeló al "consenso" de los grupos porque a su juicio la "salud mental no entiende de ideologías", al tiempo que defendió que la Junta no hace promesas "vacías" con una cuestión de "humanidad", frente a los "discursos bonitos" del Gobierno. "La salud mental necesita recursos, no discursos", subrayó.

"Van a rebufo de la realidad", replicó el socialista Jesús Puente para dar la bienvenida al PP a este asunto de la salud mental al que señaló llegan "tarde" porque no han puesto las medidas prometidas en 2024. Por ello, les instó a poner en marcha ya las campañas de concienciación o a ampliar la atención en el medio rural, pero señaló que eso requiere profesionales. Además, recordó que le corresponde a la Junta crear más unidades docentes para contar con más psicólogos clínicos.

Desde Vox, la parlamentaria María Luisa Calvo denunció el "retirado incumplimiento" de los compromisos del PP, ya que aseguró que mientras hablan de "estrategias, planes y titulares", los profesionales siguen sin llegar y los pacientes, esperando. Además, criticó las "graves carencias" existentes, especialmente en el medio rural, por lo que pidió un refuerzo de la atención domiciliaria al tiempo que reivindicó el "derecho" a una "vejez digna". "La salud mental no puede seguir siendo un compromiso de papel", dijo, en declaraciones publicadas por Ical. 

Por su parte, la procuradora de UPL, Alicia Gallego, compartió la necesidad de apoyar la salud mental, pero recordó que ya en 2024 su formación reclamó medidas para atajar el suicidio entre los jóvenes de León, Zamora y Salamanca. Además, cuestionó los 660.000 euros contemplados para el plan estratégico en el proyecto de presupuestos inadmitido para 2026. "Es la pandemia silenciosa que afecta a nuestros jóvenes", sentenció.

En nombre de Unidas Podemos, Pablo Fernández aseguró que es "absolutamente imprescindible" promover más recursos para la salud mental, por lo que compartió son necesarias las campañas de sensibilización y los planes contra el suicidio. También respaldó que se garantice el número de psiquiatras y psicólogos clínicos, como la atención rural. "Debería haber un consenso y un gran acuerdo", dijo.

El procurador Francisco Igea advirtió al PP de que en el proyecto de presupuestos para la Consejería de Sanidad en 2026 nacen con 250 millones de pérdida respecto de lo ejecutado en 2024. "Vamos a tener un disgusto", dijo por lo que les pidió que aprovechen estas "semanillas" para rehacer las cuentas.

Finalmente, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, respaldó la iniciativa, si bien aseguró que "no son suficientes" los pasados dados por la Junta, por lo que exigió impulsar la asistencia rural y la atención especializada. Por ello, reclamó una estrategia "integral y sostenida en el tiempo".