El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha salido hoy al paso de las informaciones sobre una denuncia que un extrabajador municipal ha puesto contra el alcalde, la viceinterventora municipal y el anterior secretario de la Corporación Municipal.

"No sé aún si se ha presentado, porque a mí no me ha llegado, y por tanto tampoco sé si se ha admitido a trámite", señaló Guarido, remitiéndose a la información aparecida en la prensa sobre esta denuncia que ha calificado de "temeraria y completamente falsa".

"Esto me parece que es un acto de pura venganza contra mí", se expresó el regidor zamorano. "Yo tengo mi historia. La que ha tenido Izquierda Unida y, en concreto yo como particular, en la lucha contra la corrupción en este Ayuntamiento desde el primer día, y así voy a seguir. Me da igual todas las querellas que me pongan y me da igual todas las denuncias que me puedan hacer. Soy completamente inflexible en esa lucha contra la corrupción, algo que yo creo que sí hemos conseguido bajo el mandato de Izquierda Unida y que no tiene nada que ver con ayuntamientos anteriores".

Guarido ha hecho memoria sobre los hechos que originan esta situación, remontándose al año 2000, cuando el contrato del servicio de limpieza se gestionaba con Zamora limpia. Un contrato que se tuvo que mantener hasta el año 2022 "primero por las prórrogas que se hicieron tras su vencimiento hasta 2014 y, posteriormente, por la incapacidad del técnico que gestionaba el servicio para sacar un nuevo pliego de condiciones, lo que obligó a ampliar el contrato mucho más de lo que nos hubiera gustado".

Según el relato del alcalde de Zamora, en el año 2021, desde la Intervención municipal, se hace un informe en el que se pone de manifiesto que se había pagado a la empresa Zamora limpia 9,7 millones de más, sobre todo por las amortizaciones que se recogían en las facturas. Un sobrecoste que repercutió sobre el Ayuntamiento de manera errónea debido a que el técnico municipal había dado la conformidad a esas facturas, cuando estas amortizaciones de la maquinaría debían haber concluido en 2010.

Tras la denuncia en el Contencioso-Administrativo, el trámite pasó a la vía penal, donde recientemente se desestimó la causa penal estableciendo que no había dolo, ni voluntad del empleado público de defraudar o quedarse con ese dinero, "por lo que tenemos que concluir que hubo ineficacia".

La cuestión ha vuelto a la vía administrativa "puesto que en su momento hubo un acuerdo de Pleno en el que se resuelve, en base al informe de Intervención, que Zamora Limpia debe al Ayuntamiento 9,7 millones y se lleva al Juzgado de lo Contencioso".

En este punto se produce la denuncia contra el alcalde, la viceinterventora y el anterior secretario por el antiguo trabajador municipal, en la que carga la responsabilidad de las facturas firmadas sobre los tres denunciados.

Desde la Alcaldía se esgrime la disposición transitoria segunda de la Ley 7/2007 en la que se establece que "el personal laboral fijo que a la entrada en vigor del presente Estatuto esté desempeñando funciones de personal funcionario, o pase a desempeñarlos en virtud de pruebas de selección o promoción convocadas antes de dicha fecha, podrán seguir desempeñándolos". Guarido señala que, si antes de esta Ley el trabajador municipal era el responsable de dar el visto bueno a las facturas como responsable del contrato, siguió siéndolo tras la entrada en vigor de la misma y hasta su jubilación.