PP y Vox reeditan el gobierno de coalición en Castilla y León, un acuerdo que llega 80 días después de la celebración de las elecciones autonómicas el pasado 15 de marzo y cuyo contenido ha sido desvelado este miércoles en una comparecencia conjunta del presidente del PPCyL y candidato a la investidura, Alfonso Fernández Mañueco, y el portavoz de Vox, Carlos Pollán.

Vox gestionará varias consejerías, una de ellas con rango de Vicepresidencia primera y con competencias en Desregulación. En concreto, volverá a dirigir en la Junta de Castilla y León, como ocurrió en 2022, tres consejerías, y que corresponden a las áreas de agricultura y ganadería, cultura y turismo y competencias en servicios sociales, esta última de nueva creación y vinculada a la Vicepresidencia Primera de la Junta de Castilla y León.

"Un acuerdo de gobierno, amplio, estamos hablando de 19 ejes y 324 medidas", inició Mañueco su intervención. "Hoy es un día bueno para Castilla y León. Tanto PP como Vox hemos alcanzado un acuerdo de gobierno que responde al resultado de las urnas y a la voluntad expresdada por todas las personas de Castila y León el 15 de marzo. Un acuerdo de gobierno que ofrece estabilidad a nuestra tierra y para cuatro años", añadiendo que se trata de un acuerdo que "busca el crecimiento económico y la creación de empleo, el fortalecimiento de los servicios públicos, el apoyo a los jóvenes, mayores, y a las familias, que tiene un compromiso claro con el campo, con los agricultores y ganaderos. Un acuerdo extenso que toca todos los sectores". 

El debate de investidura se prevé que será la próxima semana, avanzó Mañueco. 

Mañueco, en primer término, y Pollán, durante su comparecencia este miércoles. (Foto: Ical)

Por su parte, Carlos Pollán se expresó en términos similares. "Estamos muy contentos del acuerdo al que hemos llegado porque entendemos que supondrá un gran impulso para las políticas de Castilla y León y para los ciudadanos". 

"Agradecer a Mañueco su predisposición al diálogo desde el primer momento, por haber entendido el mandato de las urnas por ambas partes y que nos ha llevado a muchas horas de trabajo y negociación para llegar a este acuerdo que, como ha manifestado, se compone de 324 medidas. Un acuerdo en el que hay, por supuesto, la prioridad nacional en las ayudas a la vivienda y en las ayudas sociales. Un trabajo importante de fiscalidad para las familias y los jóvenes y para el mundo rural, un rechazo y un plan de choque contra las políticas migratorias de Pedro Sánchedz y muchas acciones que van a ser importantes para Castilla y León", detalló Pollán, añadiendo que "también trata ampliamente la desregulación y la simplificación administrativa para facilitar la vida de los castellanos y leoneses".

Cuestionado por el concepto de la prioridad nacional Mañueco subrayó que "es el mismo texto que en Extremadura y Aragón, por tanto, una asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes tienen un arraigo real, verificable y efectivo con nuestra tierra, siempre dentro del marco del ordenamiento jurídico y del marco legal".

Respecto a las competencias de Gobierno y el reparto de consejerías, explicó que "habrá dos vicepresidencias, la vicepresidencia primera corresponderá a Vox, aunque no hay nombres, la ocupará Carlos Pollán, una Vicepresidencia Primera que tendrá una de las tres consejerías y que ocupará Vox; una Vicepresidencia Segunda del PP, que tendrá competencias de vivivenda y ordenación del territorio, igualdad de oportunidades, despoblación y protección civil. Una Consejería de Presidencia del PP y una de Economía y Hacienda del PP; una Consejería de Industria, Empleo, Universidades y Comercio, también del PP. Una Consejería de Desregulación que será para Vox; una de Sanidad y Bienestar social del PP, una consejería de Educación, también del PP; y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, para Vox. La Consejería de Medio Ambiente y Energía para el PP, y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, para Vox".

El Gobierno de Castilla y León en esta legislatura "tendrá 11 integrantes, más el presidente de la Junta, de ellos 3 serán de Vox y uno ostentará la Vicepresidencia Primrea; los 8 restantes serán la Vicepresidencia Segunda, que no tendrá consejería pero sí competencias", aclaró Mañueco.  

Inmigración y memoria

Respecto al tema que fue el detonante de la ruptura del acuerdo entre ambas formaciones en julio de 2024, el acogimiento de menores extranjeros no acompañados, Mañueco ha señalado que esta comunidad ya está "por encima" de su capacidad para acoger más migrantes menores de edad, lo que se plasma en el documento en el enunciado: "No más menores extranjeros no acompañados (MENAS)".

"Estamos por encima de nuestra capacidad, tenemos 130 plazas y tenemos 186 menores no acompañados en estos momentos", ha argumentado Mañueco, en declaraciones publicadas por Efe, quien ha defendido la coincidencia con Vox en el "no a la actual política" del Gobierno central, lo que ha ratificado Pollán con referencias al "plan de choque contra la política migratoria de Pedro Sánchez".

Sobre otra de las cuestiones que generaron polémica la pasada legislatura, PP y Vox han acordado retomar la aprobación de una ley de concordia en la comunidad, después de que en 2024 el texto que elaboraron ambas formaciones fuese rechazado en las Cortes tras la ruptura de su pacto, que llevó a los populares a votar en contra de su toma en consideración pese a que era el previamente acordado.

Según el documento, ambos se comprometen a aprobar, antes de junio de 2027, una proposición de ley de concordia, es decir, que la norma estará impulsada por los dos grupos parlamentarios y no por la Junta de Castilla y León a través de un proyecto de ley.

Finalmente, el acuerdo incluye reducir a la mitad las subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública desde el primer presupuesto que se apruebe (2027), algo que en la pasada legislatura ya generó un choque constante entre gobierno y sindicatos, que lo llevaron incluso a los tribunales, que les dieron la razón.

Medidas tributarias

Las políticas tributarias, de acuerdo al pacto suscrito entre PP y Vox, incluyen la reducción del tramo mínimo del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) un 0,25% cada año, hasta llegar en 2030 a una disminución del uno por ciento, como había avanzado Fernández Mañueco, en línea con una de las políticas que defiende Vox.

También se prevé extender de forma progresiva la bonificación en el impuesto sobre sucesiones y donaciones a familiares cercanos, hermanos, tíos y sobrinos. El objetivo es alcanzar el 12% de bonificación en esta legislatura para los primeros 100.000 euros por contribuyente. Otro de los capítulos del pacto es el de "impuestos cero" para el medio rural, que se aplicará en la transmisión de la primera vivienda habitual, los locales de negocios y las explotaciones agrarias prioritarias. 

Ayudas para el gimnasio, carné de conducir o platos de ducha

Igualmente, figura la deducción en el IRPF del 30% de los gastos satisfechos con el límite de 150 euros al año para la práctica del deporte y actividades saludables, incluyendo cuotas de gimnasios, clubes y federaciones deportivas, servicios personales prestados por entrenadores deportivos, natación, senderismo, yoga, pilates, ballet, entre otros, recoge Ical. 

El pacto también incorpora una línea específica dotada con diez millones de euros anuales para financiar obras de sustitución de bañeras por platos de ducha en viviendas de personas mayores, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y favorecer que puedan permanecer en sus domicilios durante más tiempo.

Otra de las medidas incluidas son las ayudas para la obtención del permiso de conducir. El acuerdo prevé subvenciones de hasta 900 euros para jóvenes que quieran sacarse el carné de coche, motocicleta o furgoneta ligera, así como ayudas de hasta 1.800 euros para los permisos de camión y autobús y el certificado de aptitud profesional.

Gasto superfluo y leyes ideológicas 

En materia de finanzas públicas, Vox aporta sus demandas con una rebaja del 50% de todas aquellas subvenciones destinadas a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas que no acrediten de forma objetiva una utilidad pública efectiva. También, se contemplan auditorías exhaustivas y periódicas de los recursos públicos de la Junta para detectar y eliminar las partidas que no sean necesarias.

Igualmente, el acuerdo prevé congelar al mínimo las subvenciones a cooperación internacional al desarrollo, así como reducir y eliminar las subvenciones y ayudas públicas superfluas. Además, se reforzará la acreditación de la utilidad efectiva de las subvenciones y la simplificación administrativa, a través del silencio administrativo positivo y declaración responsable

También, aparecen otro de los postulados de Vox sobre el adoctrinamiento con la alusión expresa a que se renuncia a todo intento de imprimir cualquier sesgo ideológico o condicionar el libre pensamiento y juicio de los ciudadanos. "Ambos socios de gobierno se comprometen a derogar o, en su caso, reformar, cualquier disposición normativa, ente u organismo, que, en su desarrollo o efecto práctico actual, se demuestre superfluo o ineficiente", señala el acuerdo.