El Tribunal Supremo ha dictado una de las resoluciones más relevantes de los últimos años en materia de corrupción al condenar al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a 24 años y 3 meses de prisión por su implicación en el caso de las presuntas comisiones irregulares relacionadas con la compra de mascarillas durante la pandemia de 2020 y por la contratación irregular de mujeres en empresas públicas.

El alto tribunal fija además un máximo de cumplimiento de 16 años y medio de cárcel para el exdirigente socialista, al considerarle responsable de delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, subrayando el impacto que este tipo de conductas tiene en la confianza ciudadana hacia las instituciones.

En la misma causa, el exasesor ministerial Koldo García ha sido condenado a 19 años y 8 meses de prisión, con un máximo de cumplimiento de 15 años, tras ser considerado también pieza clave en la trama investigada.

El tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama, ha recibido una pena de 4 años y medio de cárcel, aunque no ingresará en prisión tras quedar la condena suspendida. Esta decisión está condicionada a que no vuelva a delinquir, a la presentación de informes semestrales de actividad y a la realización de un año de trabajos en beneficio de la comunidad. El Supremo ha tenido en cuenta de forma determinante la colaboración de Aldama con la Justicia, al considerar que sus declaraciones fueron clave para el avance de la investigación y que asumió su implicación en los hechos, lo que ha influido en la reducción de su condena respecto a las solicitudes iniciales de las acusaciones y de la Fiscalía Anticorrupción.

La sentencia sostiene que el caso evidencia un sistema de cobro de comisiones vinculado a contratos públicos en plena emergencia sanitaria, un escenario que el tribunal enmarca como especialmente grave por producirse en un contexto de crisis social y sanitaria.