Castilla y León ha decidido marcar distancia con el Gobierno central ante el próximo reparto de menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta. La Junta ha comunicado oficialmente que no acudirá a la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia prevista para el 13 de agosto, al considerar que antes de cualquier traslado deben completarse los procedimientos administrativos correspondientes a cada menor.

La posición del Ejecutivo autonómico supone un rechazo frontal al traslado de menores llegados desde Ceuta, incluidos aquellos que entraron en territorio español los pasados 30 y 31 de julio.

La Junta sostiene que su ausencia de la reunión no responde a una decisión política coyuntural, sino a lo que considera una obligación derivada de la legislación española y de la normativa internacional sobre protección de menores. El Gobierno autonómico reclama al Ministerio de Juventud e Infancia que no se produzca ningún traslado mientras no exista una resolución firme sobre la situación jurídica individual de cada menor.

En concreto, Castilla y León quiere recibir antes de cualquier desplazamiento la documentación completa de cada caso, incluida la información sobre la búsqueda de familiares, la determinación de la edad, la valoración del interés superior del menor y la resolución adoptada por la Administración.

Para la Junta, no resulta adecuado que una comunidad autónoma asuma la tutela de estos menores cuando, a su juicio, todavía no se ha resuelto la situación que corresponde determinar al Estado.

La posición de Castilla y León va más allá de reclamar información. La Comunidad defiende que los menores procedentes de Ceuta deben ser retornados a Marruecos mediante los procedimientos de reunificación familiar o entrega a la autoridad tutelar marroquí, siempre después de estudiar individualmente cada caso.

El Ejecutivo autonómico argumenta que la decisión sobre el retorno o permanencia en España corresponde al Estado y recuerda el procedimiento previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000. La Junta sostiene además que Marruecos ha sido considerado un país seguro por las instituciones europeas y afirma que las autoridades marroquíes han mostrado disposición a aceptar el retorno de los menores.

La polémica se produce en paralelo a la financiación prevista para atender a los menores migrantes no acompañados. En la reunión sectorial estaba previsto abordar también la distribución territorial de 25 millones de euros destinados en 2026 a financiar la atención de los menores llegados a Ceuta.

Castilla y León considera que no debe participar en ese proceso mientras no se haya aclarado previamente la situación administrativa de los menores que pudieran ser trasladados a la Comunidad.

La Junta ha advertido además de que impugnará judicialmente los expedientes individuales que, a su juicio, no concluyan conforme a los procedimientos establecidos y no contemplen el retorno a Marruecos.

En su escrito al Ministerio, el Ejecutivo autonómico pide formalmente que se abstenga de preparar, acordar o ejecutar el traslado de estos menores mientras permanezcan abiertos los procedimientos individualizados. La Junta pretende así que cada caso sea analizado antes de tomar cualquier decisión y que las comunidades receptoras dispongan de toda la documentación necesaria.