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Down España exige "dejar de maquillar" y transformar el sistema educativo desde la raíz
La organización considera que con frecuencia denominamos educación inclusiva lo que muchas veces es una exclusión encubierta.
El Informe 2024 sobre el estado del sistema educativo en España revela que el 75% del alumnado con discapacidad intelectual asiste a centros ordinarios. Sin embargo, Down España advierte que la mera presencia física no garantiza una verdadera inclusión. Mateo San Segundo, presidente de la entidad, señala que se sigue confundiendo integración con inclusión, impidiendo que muchos niños con síndrome de Down accedan a una educación en igualdad de condiciones.
Esta situación, calificada como "falsa inclusión", constituye una vulneración sistemática de derechos humanos. Por ello, Down España propone las 3P de la inclusión:
- Presencia: no basta con estar matriculado; hay que compartir espacios, tiempos y experiencias con el grupo.
- Participación: no basta con observar; hay que ser escuchado, jugar, opinar, decidir y sentirse parte.
- Progreso: no basta con estar presente; hay que avanzar, aprender y construir un futuro con expectativas altas y apoyos reales.
Con el inicio del nuevo curso, Down España lanza la campaña 'Qué es y qué no es la educación inclusiva', denunciando que la exclusión encubierta se disfraza de inclusión. A través de vídeos protagonizados por personas con síndrome de Down, la campaña busca desmontar mitos y evidenciar las carencias del sistema.
La campaña destaca que la inclusión implica presencia real, no aislamiento; participación activa, no pasividad; y progreso con sentido, abriendo oportunidades laborales. Se subraya que la inclusión es un derecho reconocido por la ONU.
La organización exige a las autoridades educativas transformar el sistema desde la raíz, invirtiendo en apoyos y combatiendo la segregación y el abandono. San Segundo confía en que el Plan Estratégico de Educación Inclusiva del Ministerio sea un catalizador de cambio, promoviendo una escuela que valore la diversidad.
Las nuevas normativas inician ahora su tramitación y deben ser aprobadas en las Cortes
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