Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha declarado este martes como testigo en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que acusa de "matarle públicamente". Según su testimonio ante el Tribunal Supremo, la publicación de la nota de prensa de la Fiscalía General del Estado, el 14 de marzo de 2024, y la filtración del correo electrónico de su abogado en el que se reconocían en su nombre dos delitos fiscales, le convirtieron en "el delincuente confeso del Reino de España".

González Amador, procesado por un supuesto fraude de 350.951 euros a Hacienda mediante facturas falsas y además investigado por corrupción en los negocios, asegura que desde entonces ha dejado de ser "un ciudadano normal" y que la Fiscalía sigue tratándole como culpable. "Estoy enviado a un juicio oral donde voy a ser condenado. No tengo duda alguna", afirmó ante los magistrados.

El empresario sostiene que la nota de prensa de la Fiscalía rompió su presunción de inocencia y desencadenó una campaña de señalamiento político y mediático. Aquella comunicación oficial se publicó para aclarar que fue su abogado quien ofreció un pacto de conformidad -y no la Fiscalía, como habían publicado algunos medios- y que la propuesta se basaba en reconocer los hechos a cambio de una reducción de condena.

Sin embargo, González Amador niega haber autorizado ese movimiento. Asegura que nunca supo del correo del 2 de febrero enviado por su abogado y que la revelación del mensaje por la Cadena SER le causó "una sorpresa y un enfado mayúsculo". Afirma que solo pidió a su defensa buscar "un camino rápido y sin ruido", pero no que se reconocieran delitos en su nombre.

Durante la vista, el empresario admitió que su abogado le explicó que la conformidad suponía reconocer los hechos y aceptar una multa menor. "Sí, sí", respondió cuando el abogado del Estado le preguntó si era consciente de ello, aunque insistió en que no autorizó ninguna confesión escrita.

El caso también salpica al entorno político de la Comunidad de Madrid. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, reconoció ante el tribunal haber difundido entre periodistas la idea de que la Fiscalía había retirado un pacto "por órdenes de arriba". Explicó que fue una "deducción lógica" basada en la estructura jerárquica del Ministerio Público. González Amador señaló que sus abogados nunca le confirmaron esa versión, aunque interpretó las palabras de Rodríguez como "una valoración política".

En un momento de la sesión, el empresario acusó al fiscal general de haberle llamado "delincuente confeso" en la nota de prensa, aunque más tarde, al ser preguntado por la Fiscalía, admitió que no recordaba si el comunicado contenía literalmente esa expresión.