La Audiencia de Zamora ha condenado a una pareja a penas de 22 y 17 años de prisión cada uno por el asesinato de un jubilado portugués residente en A Gudiña (Ourense) que cometieron en diciembre de 2019 en el entorno del Lago de Sanabria de Zamora y que no fue resuelto hasta cuatro años después.

La sentencia, difundida este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y recogida por EFE, fija las penas tras el veredicto de culpabilidad emitido por el jurado popular que dictaminó el caso y que absolvió a otro hombre que había sido juzgado como cómplice.

El fallo judicial establece además una indemnización conjunta de 120.000 euros que deberán pagar a la hija de la víctima. 

A la mujer se le impone una pena de prisión mayor porque, además de ser considerada culpable de asesinato con alevosía al igual que el hombre, el tribunal indica que ella cometió el asesinato para facilitar la comisión de otro delito, ya que aprovechó que también era titular de la cuenta bancaria del asesinado para apropiarse de su pensión.

La sentencia, contra la que cabe presentar recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, establece que los autores del crimen llevaron en coche a la víctima hasta el paraje de 'Pozo muerto' situado en el río Tera, en la desembocadura del Lago de Sanabria, y le administraron medicación para provocarle somnolencia y que no tuviera posibilidad de defensa.

Luego metieron sus piernas en un saco de cal viva, la taparon con cinta americana los ojos y la boca, le quitaron la documentación para que no fuera identificado y arrojaron su cuerpo al río con la intención de acabar con su vida, como ocurrió por asfixia por sumersión.

El fallo judicial establece que la condenada actuó movida por el ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito para hacerse con las pensiones que cobraba el hombre tanto de Portugal como del Reino Unido, lo que le permitió obtener más de 42.000 euros.

El fallecido cobraba una pensión de Reino Unido debido a que allí vivió y trabajó un tiempo y, de hecho, al figurar sus huellas dactilares en la base de la policía inglesa, se logró identificar el cadáver tras dos años de investigación, relata EFE. 

Sobre la tercera persona juzgada, la sentencia recoge que el jurado considera no probado que fuera "total y absolutamente conocedor y partícipe de la decisión tomada" por los dos condenados y tampoco que les facilitara el saco de cal viva y la cuerda con la que ataron el cuerpo antes de arrojarlo al río.