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Los autónomos se desangran pero Castilla y León todavía lidera su número por población activa
Leticia Mingueza, presidenta de ATA en la Comunidad, asegura que con “cada uno que se pierde, la despoblación avanza”
Los pequeños negocios constituyen un dique de contención contra la despoblación rural, pero nubarrones negros se ciernen sobre los autónomos en el medio rural, un colectivo que ha perdido alrededor de 20.000 autónomos en la última década, llevándose consigo parte de la vida de los pueblos.
Castilla y León encabeza la pérdida de trabajadores autónomos en España (1.404 autónomos menos en 2024), pero todavía es la segunda comunidad autónoma —solo por detrás de Galicia— con mayor número de autónomos por población activa, reflejo de su realidad rural, la dispersión geográfica y la necesidad de emprendimiento de pequeño tamaño, afirma la presidenta de ATA Castilla y León, Leticia Mingueza. "Es una herramienta clave contra la despoblación, porque cada autónomo que se pierde, la sangría avanza", advierte, alertando de que sin medidas urgentes no habrá solución para el medio rural.
Según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, recogidos por Ical, Castilla y León cerró 2025 con 182.206 trabajadores por cuenta propia, lo que supone 124,7 autónomos por cada 1.000 habitantes de entre 16 y 64 años, solo por detrás de Galicia (127,1) y muy por encima de la media nacional de autónomos (108,2). El dato refleja una caída del número de autónomos, superior a la media estatal.
En todas las provincias de Castilla y León el peso del colectivo disminuye, con Zamora liderando el ranking nacional (161,1 autónomos por cada 1.000 habitantes), y Segovia, Ávila y Soria entre las diez primeras. León, Salamanca y Palencia también figuran en los primeros puestos, mientras Burgos y Valladolid se sitúan en posiciones más bajas.
Relevo generacional de los autónomos
Leticia Mingueza subraya que el predominio de negocios pequeños es consecuencia directa de la dispersión poblacional, y advierte de que sin políticas de apoyo al autoempleo, en 10 o 20 años se producirá un descenso muy pronunciado de autónomos, con impacto directo en los servicios rurales y la fijación de población.
El sector presenta un acusado envejecimiento de los autónomos, con más del 66 % mayores de 45 años, 35 % mayores de 55 y más de 10.700 autónomos mayores de 66 años, muchos de ellos vinculados a la jubilación activa o al autoempleo senior.
Desde ATA se alerta de un futuro complicado para el trabajo autónomo, especialmente por la falta de relevo generacional, clave para que los jóvenes se queden en los pueblos. El comercio rural, además, sufre el impacto del cambio en los hábitos de consumo.
Mingueza insiste en que entre los jóvenes emprendedores se ha instalado la idea de que emprender en España es difícil, debido a la presión fiscal, la burocracia y las trabas administrativas, aunque reivindica las ventajas del trabajo autónomo y reclama más apoyo público para la digitalización de los pequeños negocios.
Trabajo con jóvenes y emprendimiento rural
La presidenta de ATA defiende fomentar el emprendimiento juvenil desde edades tempranas —educación, FP y universidad— acercando autónomos a las aulas como referentes reales del autoempleo. También reclama simplificación normativa, reducción de la burocracia administrativa y un mayor esfuerzo en el desarrollo del mundo rural, donde el cierre de bares, comercios, panaderías o farmacias acelera la despoblación.
El trabajo autónomo es, además, una vía clave para el autoempleo femenino, que contribuye a fijar población en el medio rural, así como para la inmigración emprendedora, que ya impulsa nuevos negocios en Castilla y León.
Programas como Relevacyl buscan favorecer el relevo generacional de negocios, evitando cierres por jubilación, apostando por la digitalización, la conectividad rural y la continuidad empresarial. En 2024 se perdieron 1.404 negocios, principalmente de autónomos hombres y nacionales, mientras crecieron los negocios de personas extranjeras.
Destaca también la resiliencia de los negocios en Castilla y León, con miles de empresas con más de 10 y 20 años de actividad, cuya desaparición por falta de relevo supondría una pérdida para la economía rural. Por último, Mingueza advierte de que la inseguridad jurídica y los altos costes laborales dificultan la contratación de asalariados, con más de 159.000 autónomos sin empleados.
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