El Consejo de Cuentas ha recomendado al Ayuntamiento de Zamora un mayor control frente a posibles fraudes relacionados con las ayudas procedentes del Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE.

El Ayuntamiento de Zamora, y también la Diputación y el Ayuntamiento de León, deberían realizar anualmente, en el marco de la función de control de gestión, el test de autoevaluación y riesgo sobre el conflicto de intereses, prevención del fraude y la corrupción, señala el Consejo de Cuentas en un informe entregado a las Cortes de Castilla y León, que recoge EFE.

Entre otras sugerencias, el Consejo de Cuentas, presidido por Mario Amilivia, también se ha dirigido a los ayuntamientos de Solana de Rioalmar (Ávila), Sahagún (León), Bárcena de Campos (Palencia), Arapiles (Salamanca), Fuente de Santa Cruz (Segovia), Traspinedo (Valladolid) y Fuentesaúco (Zamora).

En este caso ha sido para que, como beneficiarios de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y participantes de los planes antifraude, adopten para ello algún tipo de medida, política o declaración.

En su informe, el Consejo de Cuentas ha analizado la implantación del plan de medidas antifraude en los municipios beneficiarios, tras haber participado 233 instituciones locales de Castilla y León, entre el 1 de octubre de 2021 y el 31 de marzo de 2022, en la ejecución de las medidas antifraude: prevención, detección, corrección y persecución.

Una vez finalizado el plazo, el Consejo de Cuentas ha analizado esa puesta de marcha y emitido un informe con el estado de la cuestión y recomendaciones para subsanar carencias.

Todas las diputaciones y las nueve capitales de provincia han puesto en marcha una estrategia de medidas antifraude, mientras que no lo han hecho siete de los nueve municipios no capitalinos incluidos en esta fiscalización.

Aranda de Duero (Burgos) y Medinaceli (Soria) sí lo han hecho, pero no los siete restantes: Solana de Rioalmar (Ávila), Sahagún (León), Bárcena de Campos (Palencia), Arapiles (Salamanca), Fuente de Santa Cruz (Segovia), Traspinedo (Valladolid) y Fuentesaúco (Zamora).

Los planes antifraude son un instrumento exigido por la normativa comunitaria y nacional para toda entidad que participe en la ejecución de las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), puesto en marcha tras la crisis del covid-19, informa EFE.