En febrero de 2024, la Guardia Civil detuvo al entonces poco conocido Koldo García, que había sido asesor de José Luis Ábalos durante su etapa como ministro de Transportes. Aquella detención marcó el inicio de un entramado de tramas y subtramas de presunta corrupción en el entorno del PSOE que, lejos de cerrarse, continúa abierto y con ramificaciones judiciales que se proyectan ya hasta 2026.

Lo que mediáticamente se conoce como caso Koldo engloba en realidad varias investigaciones judiciales distintas, repartidas entre el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, con protagonistas que se repiten, conexiones cruzadas y hechos que se solapan en el tiempo.

La trama de las mascarillas

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha decretado la apertura de juicio oral por una presunta trama corrupta que habría facilitado a la empresa Soluciones de Gestión el acceso privilegiado a contratos sanitarios durante la pandemia, especialmente para la compra de mascarillas, a cambio de comisiones ilegales.

Los principales implicados son Koldo García, el exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama, señalado como presunto corruptor y nexo entre los responsables políticos y la empresa beneficiaria de los contratos supuestamente amañados.

La Fiscalía solicita 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y 7 años para Aldama, cuyo testimonio resultó clave para la imputación del exministro y el traslado de la causa al Supremo por su condición de aforado.

Ábalos y Koldo —que este 27 de diciembre cumplen un mes en prisión preventiva— están acusados de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación, falsedad documental, uso de información privilegiada y prevaricación.
En el caso de Aldama, además de esos delitos, se le imputa blanqueo de capitales, y se calcula que obtuvo beneficios de unos 5,5 millones de euros a través de Soluciones de Gestión.

El caso Koldo (pieza separada)

Esta investigación es una extensión del caso Mascarillas, pero quedó fuera del Supremo al afectar a personas no aforadas. La instruye el juez Ismael Moreno, del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.

Presenta tres grandes líneas de investigación:

• La adjudicación irregular de obras públicas a determinadas empresas a cambio de mordidas.
• La contratación en empresas públicas de mujeres vinculadas a Ábalos, sin proceso de selección y sin constar actividad laboral real.
• La compra de mascarillas para los gobiernos de Baleares y Canarias a través de la empresa de Aldama.

Entre los imputados figuran el exdirector general de Carreteras Javier Herrero, por su influencia en adjudicaciones, y la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, también por adjudicaciones y por la contratación irregular de Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, en Ineco y Tragsatec.

El caso Hidrocarburos

La siguiente gran causa en aflorar fue la del fraude del IVA en la venta de hidrocarburos, con Víctor de Aldama de nuevo como figura central. Fue detenido en octubre de 2024 y puesto en libertad mes y medio después tras colaborar con la Justicia.

El juez Santiago Pedraz investiga un presunto fraude de casi 200 millones de euros entre 2022 y 2024 mediante un entramado de empresas fantasma que vendían combustible y desaparecían antes de pagar el IVA.

Están imputados Aldama, su socio Claudio Rivas, Carmen Pano —quien asegura haber llevado 90.000 euros en efectivo a Ferraz— y su hija Leonor González Pano.

En esta causa reaparece José Luis Ábalos, ya que la Guardia Civil cree que Rivas destinó un millón de euros a "comprar su voluntad" para obtener una licencia para la empresa Villafuel, aunque esta solo se concedió cuando el exministro ya había sido cesado.

El caso Cerdán o Servinabar

Las declaraciones de Aldama y las grabaciones realizadas por Koldo García entre 2019 y 2023 situaron en junio de 2025 en el foco judicial a Santos Cerdán, sucesor de Ábalos como secretario de Organización del PSOE.

Cerdán ingresó en prisión provisional el 30 de junio y permaneció allí hasta noviembre, cuando el juez Puente consideró que ya no existía riesgo de destrucción de pruebas. Se le atribuyen delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias relacionados con obra pública.

Según los investigadores, la trama adjudicaba obras a Acciona, que posteriormente ingresaba un 2 % del importe en la empresa Servinabar, propiedad de Antxón Alonso, con la que la Guardia Civil vincula a Cerdán como poseedor del 45 % de las acciones.

Los pagos en metálico del PSOE

Derivada del caso Koldo, el juez Moreno investiga los pagos en efectivo del PSOE a dirigentes o colaboradores. El partido ha tenido que entregar el detalle de todos los pagos en metálico entre 2017 y 2024.

La pieza permanece bajo secreto por la posible afectación a datos personales y se abrió tras las declaraciones del exgerente Mariano Moreno y de una trabajadora de Ferraz ante el Supremo, que detectó posibles irregularidades en abonos a Ábalos y Koldo.

El caso Leire

En mayo de 2025, El Confidencial publicó audios en los que Leire Díez, entonces militante socialista, trataba de obtener información comprometedora de miembros de la Fiscalía y la Guardia Civil.

Aunque ella negó actuar en nombre del PSOE, los audios la llevaron a ser conocida como "la fontanera de Ferraz". El caso lo instruye el juez Arturo Zamarriego, del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid.

Están imputados Díez, el empresario Javier Pérez-Dolset y el periodista Pere Rusiñol, acusados de cohecho y tráfico de influencias por intentar desacreditar a la UCO y a la Fiscalía para influir en investigaciones de corrupción.

El caso SEPI

El último gran frente judicial estalló en diciembre de 2025, con la detención de Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxón Alonso.

La Audiencia Nacional investiga presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y organización criminal por el reparto de mordidas en hasta cinco contratos vinculados a empresas públicas.

Según la UCO, en uno de los casos los investigados se habrían repartido el 50 % de dos contratos de Enusa adjudicados a Acciona, empresa ya señalada en otras piezas del entramado.

Aquella semana se practicaron casi una veintena de registros y se requirió documentación a Enusa, Correos, Forestalia, así como a dependencias de Hacienda y Transición Ecológica, ampliando aún más un laberinto judicial del que la Justicia sigue tirando del hilo.