El presunto agresor sigue en prisión preventiva comunicada mientras se investigan varias hipótesis para conocer el motivo de la agresión, explicó el subdelegado del Gobierno en Zamora
Cinco investigados en la provincia de Zamora por la construcción de viviendas en suelo no urbanizable
En uno de los casos, junto a la vivienda habían construido una piscina en suelo rústico con protección
Efectivos del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora han llevado a cabo dos operaciones que han culminado con la investigación de cinco personas por un presunto delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo por la realización de obras en suelo protegido.
Estas investigaciones se iniciaron en el marco de las actuaciones que el Seprona lleva a cabo para garantizar un desarrollo urbanístico sostenible en el territorio En la primera de ellas ubicada en una localidad próxima a Benavente, los agentes intervinientes, detectaron la construcción de una vivienda unifamiliar aislada en suelo rústico con protección especial y natural sin haber solicitado ningún tipo de autorización. El terreno utilizado estaría incluido también dentro de la zona de afección de Zonas Inundables.
Asimismo, el Ayuntamiento del término municipal donde se estaba efectuando la edificación, había requerido a los promotores el cese de inmediato las obras a lo que hicieron caso omiso.
En el otro caso, próximo a Zamora capital, los agentes detectaron la ejecución de unas obras consistentes en vivienda familiar y piscina en suelo rústico con protección de infraestructuras y sin contar con la correspondiente licencia urbanística municipal, contraviniendo las Normas Urbanísticas Municipales (NUM).
Las edificaciones fueron promovidas por los propietarios de la finca y eran incompatibles con los usos del suelo conforme al Reglamento de Urbanismo de Castilla y León-
Estas edificaciones no serían susceptibles de obtener la preceptiva autorización bajo ningún supuesto, lo que podría constituir delitos urbanísticos recogidos en art. 319 del Código Penal y los autores podrían exponerse a penas de prisión de un año y seis meses a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses, dependiendo de la gravedad de las acciones cometidas. Ante los hechos acaecidos se investigaron a cinco personas como supuestas autoras de delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, siendo puestos a disposición judicial.
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