La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) incluyó a las ciudades de Segovia y Zamora en la lista de 17 capitales de provincia españolas que, según sus criterios, incumplen la nueva ley de residuos y suelos contaminados, que entró en vigor en abril, y que tiene por objetivo personalizar la cuantía de la tasa de residuos según el principio de que "quien contamina, paga". 

Según refiere la OCU en un comunicado recogido por Ical, la nueva tasa "está lejos de cumplir ese fin" debido a la "arbitrariedad" de los criterios que determinan su importe, en unos casos, y en otros por tratarse de un único criterio fijo que "no valora el esfuerzo de cada hogar para limitar y separar correctamente sus residuos". 

Un incumplimiento que, según la OCU, se da en otras 15 capitales de provincia españolas como Badajoz, Ciudad Real, Girona, Guadalajara, Huelva, Huesca, Las Palmas de Gran Canaria, Lugo, Murcia, Ourense, Oviedo, Palma de Mallorca, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife y Teruel. No obstante, la OCU reconoce que en Segovia, junto a Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo, se da la posibilidad de reducir el importe de la tasa con acciones como acudir al punto limpio o demostrando una buena separación y reciclaje de la basura. 

Las ordenanzas del resto de las capitales no incluidas en esta lista aplican uno o varios criterios variables según el tipo de hogar, como el consumo de agua, el tamaño de la casa, el tipo de calle o el número de personas empadronadas, aunque según la OCU, "no dejan de ser criterios discutibles, mucho de ellos arbitrarios", por cuanto "no siempre reflejan la realidad de cada hogar".

De hecho, la OCU critica que las tasas municipales oscilen mucho de una capital a otra para un mismo tipo de hogar. Así, para una vivienda con un valor catastral de 79.000 euros donde viven tres personas que consumen 175 metros cúbicos de agua al año, el importe varía entre los 62 euros de La Coruña y los 202 euros de San Sebastián. Mientras que el recibo medio alcanza los 105 euros anuales.

Se trata de una subida media respecto a la anterior tasa del 31 por ciento, que llega al 420 por ciento en ciudades como Alicante, y que rara vez se compensa con una bajada equiparable de otras tasas, como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que hasta ahora asumía el coste de este servicio en muchas ciudades, como es el caso de Valladolid.

La OCU critica, por ello, la aplicación de criterios fijos para el cálculo de la tasa, pero también de la mayoría de los criterios variables, no solo por considerarla "injusta y desequilibrada", sino también porque "contribuye a desincentivar la separación de residuos por parte de los consumidores", ya que "cualquier esfuerzo en este sentido difícilmente se verá recompensado en una rebaja en el importe final de la tasa".